OLGA RODRÍGUEZ/ Publicado en eldiario.es

Resulta cuanto menos paradójico recordar cómo el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan quiso aprovechar las revueltas árabes de 2011 para confirmarse como un líder regional y presentar el llamado “modelo turco” como la alternativa ideal para los países árabes. Ahora, sin embargo, las protestas se registran en su país y las autoridades policiales turcas no han dudado en emplear la violencia contra los manifestantes.

Algunos medios de comunicación presentan el conflicto en Turquía como un movimiento compuesto exclusivamente por jóvenes laicos de clase media, hartos del islamismo conservador del gobierno de Erdogan. De hecho se menciona a menudo el decreto impuesto recientemente que limita la compra de bebidas alcohólicas como uno de los factores desencadenantes de las protestas. La realidad, sin embargo, es algo más compleja.

1.- Hace unos días más de 10.000 manifestantes tomaron las calles de Ümraniye, un barrio obrero situado en la parte asiática de Estambul. A la clase trabajadora se le supone más ligada al islamismo, y por tanto, al partido de Erdogan. Sin embargo, las protestas en ese barrio han sido contundentes. Miles de personas levantaron barricadas y cortaron el tráfico en plena autopista.

Un vehículo de lujo ignoró las barreras y prosiguió su marcha, atropellando y matando a uno de los manifestantes, un joven de 19 años, trabajador en una fábrica, y miembro de la agrupación de hackers socialistas Redhack. Además resultaron heridos otros dos manifestantes, uno de ellos integrante de la Plataforma Solidaridad Socialista.

La identidad de este trabajador fallecido, al igual que la de muchos otros manifestantes, nos ayuda a entender que las protestas no solo están protagonizadas por una elite laica socialdemócrata y que las causas de las mismas no se reducen solo a la defensa de un parque o de la libertad para beber alcohol.

2.- La represión ejercida por la policía turca, conocida en la región por su brutalidad, ha sido sin duda uno de los desencadenantes que consolidaron las protestas. En Ankara en una sola noche, y según datos del Comité de Profesionales Médicos, 441 personas resultaron heridas de gravedad, y 15 de ellas permanecen en situación crítica.

3.- El próximo año se celebrarán elecciones presidenciales en Turquía. El primer ministro Erdogan pretende presentarse como candidato a la presidencia.

“No solo quiere ser presidente, sino también introducir una especie de presidencialismo que concentre el poder en sus manos”, advierte el profesor de ciencias políticas Sahin Alpay.

4.- Tras once años en el poder, el gobierno de Erdogan sufre cierto desgaste a causa de sus políticas represivas y de los límites a la libertad de prensa. Desde 2009 más de 8.000 políticos pro kurdos, abogados, profesores, escritores y periodistas han sido arrestados con cargos por terrorismo.

5.- Las políticas neoliberales de Erdogan también han indignado a ciertos sectores. Se han privatizado empresas públicas -de telecomunicaciones, aerolíneas, tabacalera, red eléctrica, bancos o recursos hídricos- terrenos públicos, autopistas y peajes.

La demolición del parque Gezy, origen de las protestas, forma parte de un plan urbanístico calificado como neoliberal por algunos manifestantes y analistas y que incluye la construcción en la plaza Taksim de un centro comercial, la eliminación de accesos peatonales a la plaza y por tanto la imposibilidad de protestar o de congregarse en un lugar tradicional de manifestación.

Por otro lado, la distancia entre ricos y pobres no se ha visto beneficiada por la estabilidad económica. En 2011, siendo Turquía la economía que más rápidamente crecía de Europa, el 20% más rico gozaba de aproximadamente la mitad de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo tenía el 6%.

6.- Otra de las lecturas que se está haciendo, sobre todo a nivel interno, es el análisis ya manido que presenta a los militares como alternativa indiscutible al gobierno islámico moderado de Erdogan.

El partido conservador de Erdogan logró hacer frente al gran poder que acumulaba el Ejército turco, tradicionalmente laico e influyente en la política desde la Primera Guerra Mundial. Durante el mandato de este gobierno las Fuerzas Armadas turcas perdieron el pulso contra Erdogan y de hecho varios altos mandos fueron arrestados y juzgados, acusados de pretender desestabilizar el país.

7.- En 1997 se registraron grandes protestas lideradas por la izquierda, que fueron aprovechadas por los militares para forzar al gobierno islamista a abandonar el poder. Diversos manifestantes han expresado su temor a que ciertos sectores aprovechen la coyuntura actual para exigir la intervención de los militares.

8.- “Estamos contra este gobierno no porque sea islámico, sino porque es conservador y neoliberal. No queremos que sea derrocado por unas fuerzas armadas que nadie ha elegido. Queremos que sea derrocado por la fuerza masiva del pueblo”, ha indicado Ozan Tekin, periodista de izquierdas, participante en las protestas desde el inicio.

Su afirmación no es aislada y muestra la preocupación que existe entre los activistas por evitar que se reduzca el análisis de la actualidad a una cuestión de islamistas versus seculares pro Ejército.

9.- Por último, es importante tener en cuenta el marco regional en el que se registran estas protestas, con Turquía implicada activamente en el conflicto sirio, donde están involucrados, de un modo u otro, países como Irán, Irak, Líbano, Qatar o Arabia Saudí, además de varias potencias occidentales y Rusia.

Turquía, miembro de la OTAN y aliado de EEUU, comparte frontera con Siria y ha mostrado su apoyo a los rebeldes sirios. Al igual que desde Líbano o desde Irak, desde territorio turco también entran armas para los rebeldes. La frontera turca es puerta clandestina hacia Siria de combatientes y armamento. 

Esta semana Erdogan ha llegado a decir que sospecha que “grupos terroristas” -incluido el que asumió la responsabilidad de un atentado contra la embajada de EEUU en Ankara el pasado febrero- manipulan las protestas en Turquía y que los servicios secretos turcos están buscando vínculos entre las manifestaciones y “potencias extranjeras”, insinuando la existencia de una relación entre la posición turca frente a Siria y el estallido de las movilizaciones contra su gobierno.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ya ha dicho que confía en que los problemas domésticos no impidan a Ankara ejercer su papel ante el conflicto sirio. “Espero que el canciller y el primer ministro turco sigan involucrados en el esfuerzo para resolver lo que está sucediendo en Siria”, ha indicado.

Los análisis reduccionistas e interesados se suceden. Frente a ellos, las protestas en la calle siguen poniendo en evidencia al primer ministro turco.

Al contrario que las revueltas árabes de 2011, estas manifestaciones en Turquía no se dan en un escenario dictatorial ni demandan de forma masiva “la caída del régimen”. El nivel de confrontación tampoco es el mismo: Hay que tener en cuenta que solo en los primeros días del estallido de las revueltas en Egipto hubo cientos de víctimas mortales.

Pero sin duda este nuevo movimiento social turco, heterogéneo, está dañando la imagen de Erdogan, puede truncar sus planes de cara a las elecciones presidenciales de 2014 y, dependiendo de su capacidad organizativa y de su habilidad para fijar objetivos, dar origen a una nueva fuerza en la calle dispuesta a influir en el futuro del país.

OLGA RODRÍGUEZ/Publicado en eldiario.es

-Entrevista con la activista guatemalteca Yolanda Oquelí, superviviente de un atentado contra su persona en junio de 2012

-”Fueron a por mí por ser ‘lideresa’ en la lucha contra la empresa minera extranjera que opera en mi comunidad”, denuncia

-”El presidente de Guatemala está al servicio de los empresarios y no del pueblo”, afirma Oquelí

-”La suspensión de la condena contra el exdictador Ríos Montt nos hace más vulnerables a todos”

Yolanda Oquelí, la lideresa, como la llaman en su comunidad, es una superviviente. Hace un año sufrió un atentado mientras conducía su coche. Dos motoristas vestidos de negro se acercaron y dispararon tres tiros contra el automóvil. Una de las balas perforó el cuerpo de Yolanda, rozando el estómago, un pulmón, el hígado y un riñón.

“El proyectil quedó muy cerca de mi columna vertebral, así que no me lo pudieron sacar para evitar riesgos”, explica.

Oquelí vive en el área de San Pedro Ayampuc, donde la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria primero de la compañía minera canadiense Radius Gold y después de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates, intenta extraer oro y plata en la zona.

El gobierno de Guatemala concedió en 2011 el permiso de extracción a estas empresas sin contar con el visto bueno de las comunidades de la zona y a pesar de que la ley exige una consulta e información previas a los afectados. Las comunidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo se levantaron contra el proyecto minero, alertando de sus graves consecuencias ambientales y para la salud.

“Ya conocíamos otros casos de empresas mineras en Honduras que han provocado auténticas desgracias en el agua de las comunidades, en la salud de las gentes, porque usan cianuro que contamina todo”, explica Yolanda.

Desde marzo de 2012 los vecinos, organizados y movilizados, instalados en un campamento de protesta, custodian la entrada de la mina para impedir la extracción del oro. Se estima que EXMINGUA ha perdido 20 millones de dólares debido a este bloqueo. Los líderes de la resistencia pacífica han recibido amenazas, presiones y maltrato.

En algunos casos, como el de Yolanda, saben que su propia vida está en juego, en un país como Guatemala, donde la impunidad es seña de identidad y donde solo el pasado año fueron asesinados al menos trece defensores de derechos humanos.

[Vídeo: Oquelí en su comunidad, en resistencia contra las empresas mineras]

Yolanda Oquelí está de gira por Europa para contar su historia, la forma de operar de las empresas mineras  en Guatemala, y la impunidad que impera en su país. A España ha venido de la mano de Iepala, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África.

Nos reunimos en el centro de Madrid, donde conversamos durante más de dos horas. Se aprecia cansancio en su mirada, pero tiene muchas ganas de contar y de denunciar.

Pregunta: ¿Qué es lo que hacen las empresas mineras transnacionales en su comunidad?

Respuesta: Actúan con el beneplácito del gobierno guatemalteco de Pérez Molina, que no cumple las leyes. La ley especifica que para este tipo de proyectos se requiere una consulta informada a la comunidad antes de llevarlos a cabo. Lo que están haciendo es robarnos nuestros recursos naturales y nuestro derecho a la salud. Y no solo en Guatemala. Esto se repite en Honduras, El Salvador, Colombia, con gobiernos que nos quieren imponer proyectos que nos perjudican. Para que la gente se haga una idea: El agua que una persona tarda en consumir 22 años, estos proyectos mineros la consumen en una hora.

-El agua es uno de los recursos más afectados…

Sí. La consecuencia más inmediata de la actuación de estas multinacionales mineras es que terminan con el agua. Los problemas de salud son enormes. No luchamos por nuestros hijos, que también, sino por nosotros. Hay gente en algunas zonas, como en el valle del Siria en Honduras, que al desvestirse, en su ropa se va su piel desgarrándose por completo por la contaminación de los mantos acuíferos y los efectos de los químicos que usan. El cianuro es uno de los más baratos para ellos y de los más desgraciados para nosotros, porque para que una gota de agua se renueve y purifique en los mantos acuíferos se necesitan 50 años. Sufrimos un despojo de tierras enorme, los campesinos cada vez tienen menos suelo para sembrar.

-Usted acusa al gobierno de ser cómplice de estas empresas

Sí. Este gobierno es de un exmilitar de la terrible dictadura genocida, de un tipo que además los empresarios manejan.

-A Pérez Molina.

Sí. Al presidente Pérez Molina los empresarios le dicen qué hacer y qué no hacer, y los empresarios tienen conexiones con las multinacionales, porque también ellos participan en las inversión. El empresariado en Guatemala es muy conservador, la patronal pidió suspender la condena al dictador Ríos Montt y lo lograron.

-Sí, la patronal se mostró en contra del juicio a Ríos Montt y exigió la suspensión de su condena…

Este ha sido un juicio que ha costado sangre y lágrimas de tantos, y sobre todo de los indígenas ixil, no quiero ni pensar cómo se sienten ahora. Ahora ya somos vulnerables, esta suspensión de la condena nos hace más vulnerables a todos, a ustedes también, porque fue una patada a la justicia universal, es un mensaje para que no sigamos luchando.

-A pesar de tantos testimonios de víctimas el propio presidente Pérez Molina ha negado en más de una ocasión que en Guatemala hubiera un genocidio durante las dictaduras en los años ochenta, y en concreto en la de Ríos Montt…

Pueden decir lo que quieran. Sabemos que sí hubo genocidio y sabemos con nombre y apellidos quiénes son los genocidas. Es triste, porque en Guatemala hay un hombre en prisión condenado a 150 años, le acusan de terrorismo, era un activista en su comunidad… Él dentro y tantos genocidas fuera…

-¿Con qué obstáculos se encuentra en su lucha diaria por los derechos de su comunidad?

Trabajo por el derecho a la vida, a los recursos naturales, pero se vuelve difícil porque nos enfrentamos a la impunidad y a la falta de aplicación de leyes. No rechazamos el progreso, como ellos dicen, sino que cuestionamos el precio que tenemos que pagar por ese desarrollo. Luchamos por nuestros derechos, que no son respetados ni por las multinacionales ni por el gobierno de Guatemala. La resistencia se ha vuelto bien difícil, pero también creo que la convicción y la dignidad para luchar sobrepasa todo límite y obstáculo.

-¿Incluso un atentado como el que usted sufrió?

Sobrevivir a un atentado es fuerte. No me gusta decir que soy víctima porque no quiero ser víctima de nadie. Sufro la consecuencia que sufrimos todos los defensores de los derechos humanos por decir la verdad, por no estar de acuerdo con los intereses económicos de empresas extranjeras o de nuestros gobiernos, que nos imponen sin importarles las consecuencias.

-Aún lleva la bala dentro de su cuerpo…

Sí, no me la pudieron extraer por su cercanía a la columna vertebral. Me provoca un dolor muy intenso llevar ese proyectil dentro de mi cuerpo, un dolor que no sé cuándo va a parar. Pero este dolor no me va a dejar callada. Esta bala que llevo dentro no me va a callar. Cuando hacen estas cosas es para asustarnos. Yo gracias a Dios quedé viva, y si la intención era callarme creo que más valor tengo ahora para seguir haciendo mi trabajo. Y mi tarea creo que está causando efecto, porque si no, no habrían hecho esto conmigo. Pero ahora mi vida es muy diferente, no puedo salir a la calle, llevar a mis hijos a un parque…

-¿Quiénes cree que están dentrás de este atentado?

Definitivamente esto es algo planificado por la empresa minera y el gobierno. Yo nunca tuve enemigos pero desde que empecé en esta lucha empezó mi persecución. Ya antes del atentado sufrí amenazas fuertes, patearon los buzones de mi casa, los pintaron de amarillo, tiraron bombas de humo dentro de la casa. Yo sabía que pasaría algo así, en vísperas de alguna protesta fuerte que hubiéramos organizado. Si el atentado hubiera procedido de otro lado ya lo habríamos sabido. Si el ministerio público está callado es porque algo sabe.

-Tengo entendido que tras su atentado sufrió además una campaña de desprestigio

Es triste, sí, cuando se supo que me habían tiroteado muchos empezaron a decir que si tenía un amante, que si andaba en el crimen organizado. Revisaron mi coche incluso para ver si me encontraban algún paquete de cocaína que pudieran vincular con mi ataque. Y empezó una campaña de difamación contra mí, con boletines repartidos por todas partes en las calles diciendo que el atentado era porque yo era amante, o tenía mil amantes o era una prostituta y que eran venganzas de esposas.

– Acusaciones por ser mujer…

El papel de la mujer en esta lucha es bien difícil porque por ser mujeres nos atacan, nos descalifican, creen que no somos capaces, cuando hemos demostrado que sí, que la mayoría de las que estamos en primera fila somos nosotras, las que soportamos las agresiones del gobierno y las empresas, las que resistimos, las que soportamos los escupitajos en la cara, los empujones, los tirones de pelo, porque las mujeres tenemos una tolerancia ante el dolor y la represión muy grande cuando sabemos que es para defender nuestra vida y la de nuestros hijos.

-En su comunidad la llaman lideresa

[Sonríe] Pero no porque yo diga que soy líder, son ellos, el pueblo, la comunidad, los que te señalan como referente y para mí como mujer es un gran logro. Que en un país tan machista haya una asamblea con 20.000 hombres y me inviten a mí es una satisfacción. No porque sea yo, sino porque así me dan espacio para hacerles entender que la capacidad de la mujer es importante. Y me han dado oportunidad de decirles que dejen a las mujeres participar. Se está viendo ya ahorita en San Rafael de las Flores, en Santa Cruz Bahías, se levantaron resistencias teniendo a la nuestra como referencia, resistencias no violentas, pacíficas, y con las mujeres al frente. Para mí eso es uno de los más grandes logros.

-Además de la imposición y la fuerza, ¿qué otras estrategias usan estas empresas que llegan a vuestras comunidades?

El divide y vencerás. EXMINGUA está liderada por muchos exmilitares. Esta gente viola nuestros derechos humanos, van a las comunidades, observan la necesidad de los desempleados, y estudian quién es el más vulnerable. A por ese van a ir, le van a ofrecer trabajo o algo. Cuando cogen a uno o dos por familia, la mayoría son familias numerosas, tratan de crear el conflicto de dividir a las familias, a los vecinos, a las comunidades. Incluso de algunos de nosotros que resistimos dicen de todo, que si esa líder recibe plata de Estados Unidos, cosas así. Pero hay mucha convicción y conciencia ya creada. Muchas cosas positivas.

-¿Cómo cuáles?

Logros obtenidos, la organización social, y sobre todo, que en esta lucha ya no nos vemos diferentes, todos somos familia, hemos aprendido que lo que le pasa a uno le pasa al otro, bueno o malo. Nos sentimos muy acompañados. Y ¿sabes qué? Que somos más los buenos, somos muchos más los que tenemos conciencia. Pero nuestro poder es menor que el de ellos, aunque seamos más. Y ¿puedo añadir algo?

-Claro

En nuestro país el periodismo es manipulado, así que esperamos que en Europa se difunda nuestro mensaje, se dé a conocer la realidad de Guatemala, donde el periodista escribe la nota pero el empresario puede censurársela. Es muy importante el periodismo para poder dar a conocer a la gente la tristeza en la que vivimos, y la realidad de las cosas. La vida no es como nos la enseñan, o como creemos que es. La vida es más fuerte y dolorosa de lo que nos podemos imaginar. Las políticas de los gobiernos y el poder empresarial la hacen así de dura.

OLGA RODRÍGUEZ/ Publicado en eldiario.es

A sus 27 años, es el diputado más joven del Congreso y el tercer político más influyente en Twitter. Nos reunimos  con él para abordar su visión de la transición española, de la situación política actual y del papel que la izquierda puede jugar en el futuro.

Pregunta: ¿Qué fue la transición española?

Alberto Garzón: La transición quedó reflejada en la Constitución del 78, en la que hay elementos positivos para la construcción de la democracia, que son los relacionados con la construcción del Estado de bienestar, conquistados por la presión de los trabajadores de la lucha antifranquista. Y por otro lado hay muchas cesiones consecuencia de la correlación de fuerzas existente.

¿Qué cesiones?

La transición consigue la legalización de partidos pero sin modificar el proceso de distribución de la renta, la riqueza o el poder. Es decir, las oligarquías del franquismo siguen siendo después las oligarquías de la democracia, incluso los títulos nobiliarios siguen teniendo la misma vigencia. Hay que entender que la transición no se hace por revolución, es una transición de una dictadura férrea que va mutando sin cambiar a las personas, que pasan de franquistas a demócratas en un día. Esto lleva a una amnesia y a un relato de la equidistancia que dice que es lo mismo luchar contra una dictadura que mantenerla.

Habla de una correlación de fuerzas, ¿cree que en este momento se podrían replantear algunas cuestiones de aquella transición?

Sí. El relato de la transición conseguida por hombres brillantes de Estado dispuestos a ceder espacios ideológicos en pos de la unidad común, se ha caído. Los que hemos nacido después del 78 no podemos interiorizar aquél relato. Las instituciones están en crisis no solo por cómo fue la transición, sino también por la crisis económica actual que pone en entredicho las políticas económicas que se han aplicado recientemente y las instituciones relacionadas con el sistema político, la Casa Real o el sistema judicial.

¿Considera necesaria la monarquía?

Soy republicano por convicción democrática, defiendo un sistema en el que todas las personas sean iguales ante la ley independientemente de la familia de la que procedan. Eso por un lado. En segundo lugar, el Rey es un instrumento utilizado para fortalecer ese relato de la transición al que me he referido. Jugó un papel para mediar para construir esa democracia de baja intensidad que hemos tenido desde entonces. Esto no significa que tenga que seguir. Creo que no se le debe nada al en términos políticos. Hay que hablar de cómo nos organizamos como sociedad, de qué sistema nos dotamos y en ese sistema político, a mi modo de verlo, no cabe ningún modelo que no sea completamente democrático.

Se está hablando de la necesidad de superar la Transición. Mientras algunos sectores lo plantean como un simple relevo generacional, otros ven la necesidad de abordar realmente el cambio de un modelo ahora hegemónico en el que solo hay espacio, como diría Ignacio Ramonet, para el pensamiento único o dominante.

El cambio generacional o de caras puede ser algo que tiene que ver más con la comunicación o el marketing político. Lo que hay que cambiar son las instituciones. Eso implica que hay que cambiar la forma en que nos dotamos de reglas. Se necesita una nueva Constitución que pueda reflejar una ruptura con instituciones ya caducas. Se necesita concebir la política de otra forma distinta, que se aproxime de verdad a fenómenos como la corrupción, la organización de la economía y los servicios públicos. Esto requiere un cambio de reglas. Por mucho que cambien las caras, si no cambian las instituciones sigues jugando en el mismo tablero de ajedrez, con las mismas reglas.

¿De qué modo habría que modificar esas reglas?

Creo que lo que hay que concebir es que la democracia sólo es posible si no estamos en el capitalismo. Estamos en una democracia de mercado en la que el que tiene más dinero es el que más manda. Si los recursos económicos no son gestionados por toda la sociedad, nos encontramos con que hay una minoría que tiene una capacidad democrática de toma de decisiones mucho mayor que el resto.

Si hubiera una democracia real, económica, nuestra capacidad de acción iría mucho más allá que un voto cada cuatro años. Decidiríamos qué hacemos con los recursos económicos, a qué los destinamos. Sería por tanto deseable una Constitución en ese sentido, que garantice una democracia económica, porque si no, ocurre lo que pasa en la actualidad, que el propio gobierno se disocia del poder. Llegas al gobierno y te das cuenta de que careces de instrumentos y capacidad de acción. Le ocurrió a Zapatero: Sin banca pública, sin capacidad fiscal, sin grandes empresas públicas, lo que le queda es pedirle a Botín y al Santander que se comporten bien. Estamos en una democracia representativa casi pura y es preciso girar hacia otro lado del péndulo para avanzar hacia una democracia participativa.

¿Qué debe hacer la izquierda para impulsar ese giro?

Necesita recordar que en el pasado tuvo que hacer muchas cesiones que no son comprendidas por los más jóvenes. Y al hacer aquellas cesiones se desprendió de símbolos identItarios, lo que contribuyó a que su base social se disgregara. Construir una base social implica dotar de una identidad a un proyecto. Ahora tenemos una democracia donde los partidos políticos tienen un papel nuclear, están configurados de una forma muy antidemocrática y rígida en su funcionamiento interno, con procesos de promoción muy poco meritocráticos. Esto ha facilitado que los partidos tengan unas oligarquías cooptadas por el poder económico en los casos en los que ha habido una gestión institucional, sobre todo  PP y PSOE. Esas oligarquías no están dispuestas a pactar en términos de programas o ideas. Por eso la unión de los partidos es muy difícil.

¿La unión de la izquierda?

Sí. Cuando se dice ‘vamos a unir a la izquierda’, esto es extraordinariamente complicado por el modo en que están configurados los partidos. Sin embargo, es mucho más factible reagrupar las bases sociales de esos partidos, con inquietudes similares. Porque, por ejemplo, la base social del PSOE tiene una intersección ideológica muy amplia con Izquierda Unida y con otros partidos de izquierdas. Es por ahí por donde hay que avanzar.

No es casualidad que en sitios como América Latina los procesos de transformación que han ido a la raíz del problema los hayan llevado a cabo movimientos nuevos que han aglutinado muchos sectores antiguos. Por ahí tienen que ir las directrices: un proyecto político y económico que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, que construya una democracia y que intente centrarse en las ideas y en el programa y no en las cuestiones identitarias de cada partido, porque ahí sí que va a haber obstáculos.

¿Considera que Izquierda Unida está dispuesta a esto?

Izquierda Unida es un conglomerado enorme de diferentes tendencias enfrentadas en gran medida entre sí, no tiene una voz propia a nivel de este tipo de proyectos, sino que hay muchas tendencias internas y este problema no se ha afrontado de forma directa hasta ahora. Por tanto no existe una respuesta. Los hechos demuestran que en gran medida sí. Galicia es un ejemplo: se ha demostrado que hay un proyecto nuevo que no es solo un aglutinamiento de siglas sino que debajo hay una base social que se siente partícipe. Cuando sumamos, por ejemplo, Esquerda Unida con Anova el resultado se multiplica porque se trata de un proceso de integración y no solo de una alianza táctica. Esto la ciudadanía lo percibe. Hay otros ejemplos que demuestran que se camina mucho más lento, donde hay bases sociales prácticamente idénticas que están votando a partidos totalmente distintos, donde se origina una situación que parece propia de [la película] “La vida de Brian”.

Creo que IU debe replicar y mejorar el fenómeno de Galicia. Muchos estamos por esa línea, pero es verdad que no todos. Es un proceso lento, difícil, pero juega a nuestro favor el empuje de la sociedad. Ahora mismo la organización es lenta en comparación a cómo reacciona la sociedad más espontánea en término sociales, como la PAH, el 15m y otros movimientos que van dos pasos por delante de la posición oficial de IU. La propia sociedad está empujando más y esto puede facilitar el cambio en IU. Pero no sabemos si será tarde o si antes la frustración de la ciudadanía se canalizará de otra forma antes de entender de que IU es un instrumento útil.

La gente necesita un instrumento: O Izquierda Unida se convierte en ese instrumento, o si no, la gente buscará otro. Por eso IU tiene que mostrarse atractivo, demostrar que puede aglutinar a la gente a través de un proceso de refundación como el que se planteó en el pasado, en el que se dijo: si organizamos una asamblea y viene mucha gente y queremos constituir y disolver IU en una sigla distinta, lo importante es aglutinar a la gente en torno a un proyecto y no la bandera que llevamos. No funcionó entonces pero ahora estamos en un contexto completamente diferente en el que se podría avanzar en esa dirección.

Es decir, ¿habría que contar con los movimientos sociales? 

Sí, a eso me refiero. Las encuestas reflejan un alto nivel de aceptación de las pensiones y la sanidad públicas o de la dación en pago retroactiva superior siempre al 70%, pero sin embargo el Parlamento vota siempre en dirección contraria. La voluntad de la ciudadanía se pierde en ese camino. Hay trampa. Se define la voluntad de la gente solo a través del resultado electoral que obliga a concentrar toda tu ideología en un voto.

Un proceso constituyente implica reunir a la ciudadanía para que debata lo que hay que consolidar y reformar, y eso no se puede hacer solo con los partidos tradicionales. Por ejemplo, Izquierda Unida, que se define actualmente como partido y movimiento social, tiene que seguir perdiendo parte de partido y ganando parte de movimiento social para establecer mayor horizontalidad. Todo esto es un proceso. Si se aborda, se verá que mucha gente que votó al PP en determinados momentos va a defender la sanidad pública, por ejemplo. Hay que romper por tanto esa mediación rígida de los partidos y es fundamental que movimientos sociales como el 15M o la PAH participen en ese proceso.

¿Este proceso es posible dentro de la Unión Europea?

El proceso de construcción de la Unión Europea siempre estuvo dirigido por intereses nacionales, sobre todo de Alemania y Francia. Y en él se produce una ruptura cuando Alemania se reunifica: se convierte entonces en el motor fundamental de de la Unión Europea que impone sus condiciones, su tablero, sus reglas. Una de ellas es el Banco Central Europeo, que se constituye a imagen y semejanza del Banco Central Alemán, que marca la forma de construcción de la UE. Y no es casualidad que se flexibilicen los movimientos de capitales, que se construya esa unión financiera al margen de una unión política y fiscal.

Es una construcción ideológica pero no democrática que responde muy bien a lo que decía Hayek, el ultraliberal, y es que la economía debe estar alejada de la ciudadanía, que no debe ser debatida democráticamente. El Banco Central Europeo es el mejor ejemplo. Se divide a la población en dos: tecnócratas que dicen saber lo que quiere el resto del mundo y que se presentan a sí mismos como neutrales, y la otra parte que se supone que somos los que tenemos impulsos irracionales como la voluntad de redistribuir la riqueza, la renta, etc. Decía Hayek que lo que se hace para cortocircuitar esos deseos democráticos de la ciudadanía sobre la economía es construir instituciones supranacionales que eviten que la gente pueda decidir sobre estos temas. La construcción de la Unión Europea responde a esa construcción elitista y antidemocrática.

Si hablamos de esta UE no cabe ningún tipo de alternativa. Esto es algo que el PSOE no ha comprendido porque otorga legitimidad a estas instituciones. Si aceptas ese marco de libertad de movimiento, ese marco antidemocrático, no cabe un proyecto alternativo. Ahora bien, en términos teóricos sería ideal construir una UE distinta, democratizar el BCE, impulsar una unión política y fiscal. Pero no es probable que esto ocurra porque la correlación de fuerzas actual no va en esa dirección. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Que esa articulación de alternativas se haga en la periferia de Europa, entre Grecia, Portugal, España e Italia fundamentalmente, que compartiendo su papel dependiente de un centro europeo puedan convertirse en un punto fuerte para negociar, casi forzando a las instituciones supranacionales a una modificación. Es decir, una especie de lucha de clases a nivel estatal que diga: “o esto se cambia o hacemos implosionar la UE”. No podemos ir hacia una autarquía pero tampoco terminar absorbidos por instituciones antidemocráticas que conducen a un modelo injusto y antisocial y que abren la puerta al fascismo. Es más posible un marco en la periferia de la UE y para ello hace falta una correlación de fuerzas a nivel interno nacional.

Los sindicatos jugaron un papel importante en la Transición. ¿Cómo ve su situación actual?

Los sindicatos tuvieron la capacidad de aglutinar la frustración de la ciudadanía. Pero dependen del modelo productivo. Ahora las industrias grandes casi no existen. En Andalucía es muy difícil encontrar empresas de más de cien trabajadores. Ha habido decenas de reformas laborales, todas ellas encaminadas a flexibilizar, y ello ha reducido la capacidad de afiliación de la gente. En sectores jóvenes, como el mío, es muy difícil afiliarse a un sindicato. Primero, porque la tasa de desempleo es enorme. Y segundo, porque quienes trabajan lo hacen en sectores muy precarios, como el sector servicios. Es fácil que te despidan solo por afiliarte y ya casi está amparado por las leyes en la práctica.

Por eso hay sectores que ya no se referencian en los sindicatos como forma de lucha, sino en otras luchas más transversales. Los sindicatos o entienden la nueva realidad o se pueden convertir en una fuerza conservadora que defienda solo unos espacios privilegiados en el seno de la empresa y que estén desconectados del resto de la sociedad. No están preparados para un escenario de seis millones de parados. El sindicato tiene fuerza en un contexto donde se alcanza casi el pleno empleo. El principal objetivo de la reforma laboral es atacar a los sindicatos. Pero como fórmula de lucha no pueden ser considerados el único modo y ni siquiera el mejor o el más organizado. Sería un error seguir pensando en términos de “mi lucha está en el partido y mi referente es el sindicato”. Esos términos clásicos no se dan porque la realidad ha cambiado.

OLGA RODRÍGUEZ/ Publicado el 25 de mayo en eldiario.es

-Entrevista al abogado Carlos Slepoy, impulsor de la querella presentada en Argentina contra los crímenes del franquismo

-Baltasar Garzón está citado para declarar en Buenos Aires como testigo

-Entre los acusados se encuentran Martín Villa, el suegro de Gallardón o el torturador ‘Billy el Niño’

-”En España se produjo un genocidio, una persecución planificada contra un enorme sector de la sociedad”, denuncia Slepoy

 

El abogado Carlos Slepoy en su casa de Madrid (Foto: Olga Rodríguez)

Carlos Slepoy es, para muchos, un letrado entregado a la justicia, a la memoria, a la reparación. Conoce la naturaleza de las dictaduras. En 1976 él mismo fue encarcelado, dos semanas antes del golpe de Estado. Pasó por varias prisiones y sufrió maltratos antes de ser condenado al exilio a finales de 1977, cuando se vino a España. Por el camino se quedaron muchos compañeros muertos.

“En el equipo jurídico que habíamos creado antes de que me arrestaran éramos doce abogados. Cinco están desaparecidos. Y solo éramos abogados… Mi hermana y mi mujer de entonces fueron detenidas en centros clandestinos. Sobrevivieron de milagro. Pero mi hermana quedó muy marcada, la machacaron”, relata.

A finales de los noventa, en España, actuó como abogado de la acusación popular en los juicios contra el exdictador Videla y otros miembros de la dictadura argentina. Jugó un papel fundamental en el juicio contra el exmilitar Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.

También participó en el proceso contra el excapitán argentino Ricardo Cavallo, y estuvo involucrado en los procesos abiertos en España contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y contra el exdictador de Guatemala Ríos Montt.

La justicia española que llevó todos estos casos no ha servido sin embargo para impulsar un juicio contra los crímenes del franquismo.

Por eso en el año 2010, y en concreto el 14 de abril, día de la República, Slepoy regresó a Buenos Aires para presentar junto con otros abogados y varias organizaciones una querella para que se juzguen los crímenes de la dictadura española. Entre los demandantes hay familiares de víctimas, asociaciones de de derechos humanos y de memoria histórica.

Los querellantes solicitan las imputaciones de más de 300 responsables de la represión franquista. Entre los posibles imputados están el ex ministro Rodolfo Martín Villa, (actualmente consejero no ejecutivo de la Sareb, conocida como ‘banco malo’) por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, José Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz Gallardón) por firmar la condena de Puig Antich o Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, torturador de la Brigada Político Social, entre otros. La jueza argentina que lleva el caso en Buenos Aires, María Servini, ha dicho confiar en que estas imputaciones se produzcan en el plazo de un año.

Hace unos días la magistrada Servini iba a tomar declaración a algunos testigos y familiares de crímenes del franquismo, a través de videoconferencias en la embajada argentina de Madrid. Pero en el último momento el acto se suspendió. El gobierno español había presentado una queja al embajador argentino asegurando que no se habían llevado a cabo los procedimientos adecuados.

Slepoy nos recibe en su casa de Madrid, rodeado de documentos, papeles y cartas con nuevas demandas de gente que desea adherirse a esta querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Pregunta: ¿Qué pasó realmente con esas videoconferencias?

R: Estaba todo preparado, los equipos, los testigos. Ese primer día iba a declarar la hermana de Puig Antich, por ejemplo, que vino de Barcelona para hacerlo. El gobierno español presionó para que se suspendieran las videoconferencias diciendo que se necesitaba un permiso, cuando en realidad se hacen videoconferencias continuamente. Ahora mismo por ejemplo hay previstas por el juicio por el Plan Condor videoconferencias con Montevideo, Estocolmo y Barcelona. En ningún caso a nadie se le ocurre pedir permiso a los gobiernos respectivos. Ese permiso solo es preciso en caso de asistencia judicial, pero no para los casos en que los testigos se someten voluntariamente a la jurisdicción del país.

¿Entonces?

El problema es que estamos ante los crímenes del franquismo. El gobierno español no puede soportar que en Madrid declaren testigos ante una jueza argentina cuando no los dejaron declarar aquí ante un juez español. Por eso está presionando y por eso ha puesto trabas para que declaren los testigos.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Está previsto que declare en Buenos Aires Baltasar Garzón, en un principio estaba citado para la próxima semana. Además hay un grupo de familiares y testigos que quieren viajar a Argentina para declarar ante la jueza, están frustrados por no haberlo podido hacer aquí por videoconferencia. Aún no nos han dado fechas para ese viaje, a pesar de que las pruebas ya están para las imputaciones, están las pruebas, están los testigos. A Buenos Aires irán también algunos diputados y alcaldes que han mostrado su apoyo.

¿Quién se puede sumar a la querella?

Familiares, testigos, organizaciones, etc. Casi todos los días nos llega alguien nuevo queriéndose sumar. A medida que esto crece, hay más gente que se quiere apuntar. La gente de las redes de apoyo creadas ayudan mucho, les hemos dado documentos-plantilla y ellos se encargan, de ese modo la tarea de los abogados es de supervisión, si no no daríamos abasto.

¿En qué se basa la querella?

En los principios de jurisdicción universal, por los que las leyes de amnistía no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o por genocidio. Que se presente en Argentina tiene ventajas. En primer lugar, no encontrarse con los obstáculos políticos con los que se encontró el proceso en España. Además, en Argentina ya se están juzgando crímenes contra la humanidad y por genocidio, y se está haciendo gracias al aporte sustancial de las investigaciones en España, lo que es una tremenda paradoja.

¿Cómo se pueden calificar los delitos cometidos por los golpistas y en la dictadura durante el periodo que abarca la querella presentada, desde 1936 hasta 1977?

La investigación de la Audiencia Nacional española estableció que hubo unos 114.000 desaparecidos. Luego se sumaron más. Sólo desaparecidos. A ellos hay que añadir asesinados, 500.000 exiliados. Y 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad. Hubo una clara planificación estudiada para perseguir y eliminar a determinados grupos de la sociedad para dar origen a otro país diferente. Y lo consiguieron en gran medida. Eso es un genocidio. En España se dio uno de los peores genocidios del siglo XX.

La querella argentina también investiga el robo de niños en España

Sí. Solo en la primera época, hasta el año 1950, en España hubo 30.000 niños apropiados a través de decretos que legalizaban su apropiación quitándoselos a las madres republicanas de las cárceles para dárselos a instituciones del Estado o a familias afines al régimen. Pero esto luego continuó. El daño es incalculable, y ha estado tapado…

No se estudia en las escuelas…

Claro. En Madrid hay más de 200 calles con nombres de dirigentes franquistas. Recientemente se ha entragado un galardón a los supervivientes de la División Azul, y se desconoce la historia, no hay memoria. La razón de todo esto tiene que ver con la historia. El franquismo triunfó, fue consentido y apoyado después por las potencias occidentales. Y las fuerzas políticas lamentablemente pactaron una transición que implicaba no solo la impunidad, sino el olvido más absoluto. No se enseña la historia. En Argentina sí, los niños en la escuela estudian lo que pasó en la dictadura.

¿A qué responde este olvido?

En España lo que se pretende con este olvido es construir el futuro que los represores quieren que se construya y no un futuro de justicia. Y hay una responsabilidad de las fuerzas progresistas de haber construido y pactado esto.

Esta semana se planteó en el Parlamento votar y aprobar un día contra el franquismo, el 18 de julio. El PP se opuso, UPyD se abstuvo, y no salió adelante…¿Cómo valora este hecho?

Fue una propuesta planteada por Izquierda Plural. La negativa a la misma tiene que ver con esta historia tan manejada de la teoría de los dos demonios, que también se usó en Argentina, pero ahora ya es impensable allá, es el discurso que sostiene que aquí hubo dos bandos, que dice que si se condena a unos habría que condenar a otros, situándolos al mismo nivel, en plena equidistancia. Y así obvian que se trató de un golpe militar contra un gobierno legítimo que además planificó un exterminio, cometió un genocidio, una palabra que empieza a usarse ahora.

¿Por qué cree que no son partidarios de establecer un día contra el franquismo?

No lo quieren porque son herederos ideológicos – y en algunos casos físicos- del franquismo y del tipo de democracia que se ha creado en España, que ha obviado la persecución de estos crímenes. Es una democracia absolutamente mutilada. Una democracia en la que no hay justicia para resolver crímenes no merece tal nombre. Este mismo gobierno está permanentemente en la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA y no quiere reconocer algo infinitamente más grave, cuantitativamente y sobre todo porque fue cometido desde el Estado.

En este sentido la dictadura pervive dentro de la democracia, y el Estado y el gobierno son sus exponentes. Saben que cualquier cosa que implique el conocimiento de la verdad y el ejercicio de la memoria es una fisura que se abre para que se profundice más en lo ocurrido… Por eso mismo el gobierno español se ha puesto a las videoconferencias.

Usted ha vivido los procesos contra la dictadura argentina y la española. ¿Cómo compara la actuación de la justicia en un lado y otro?

En Argentina también hubo gran presión contra la investigación, con las leyes de punto final y obediencia debida, pero existía una sociedad muy convulsionada y pujante en ese momento. Mientras que acá hubo un pacto de las fuerzas herederas de las víctimas con los herederos del franquismo, que ha dificultado enormemente todo. Pero ahora algunas de esas fuerzas hoy están presionando y apoyando esta querella argentina para que se haga justicia.

Los tiempos también son diferentes….

En Argentina hubo siete años de dictadura, acá hubo 40 años de dictadura y 37 de olvido consensuado, por lo tanto cuesta mucho acabar con ello. El proceso se inicia hace poco más de diez años, cuando los nietos comienzan a buscar los cuerpos de sus abuelos. Ese movimiento por la memoria  fue potenciado por las investigaciones del juez Garzón. Y así hoy existen 24 asociaciones de niños robados, organizaciones de presos políticos de la última etapa del franquismo, denuncias del trabajo esclavo y forzado. Se está generando un movimiento que yo creo que va acabar con la impunidad del franquismo más tarde o más temprano. Y en este sentido la actuación de los tribunales extranjeros tiene un papel fundamental.

¿Y el hecho de que aquí haya una ley de amnistía?

También en Argentina hubo las leyes de punto final y obediencia debida, votadas por la mayoría parlamentaria. Allí un juez podía decretar su inconstitucionalidad. Aquí un juez no puede hacer eso, lo tendría que plantear ante el Tribunal Constitucional, pero sí puede decir que esa ley es inaplicable por el derecho internacional. Es decir, un juez español que se atreviera, podría establecer que la ley de amnistía es inaplicable y yo creo que en algún momento eso va a ocurrir, empezará a haber jueces que se atrevan, porque la ley de amnistía no puede amparar crímenes contra la humanidad. No hay ningún obstáculo judicial, el obstáculo es absolutamente político.

¿Cómo valora la sentencia del Supremo que establece que no se pueden investigar los crímenes del franquismo?

No se sostiene. Dice que no se pueden investigar porque si bien ahora son crímenes contra la humanidad no lo eran en su momento de su realización. La otra argumentación dice que se supone que todos están muertos, tanto víctimas como victimarios. Esto es absurdo. Acaban de meter preso en Alemania a un nazi de las SS de campos de concentración como el de Auschwitz con 92 años de edad, por hecho cometidos en 1941. De todas formas, además, en el caso de la querella que presentamos en Argentina, se abarca desde 1936 hasta 1977 y por tanto hay mucha más gente que está viva, tanto víctimas como victimarios, y la prueba se encuentra viendo quiénes son los imputados, que están vivos, claro.

Otra de las excusas que se esgrimen a menudo es que la búsqueda de la verdad y la justicia abren heridas, provocan confrontación y división.

Son los argumentos de quienes quieren el olvido y la impunidad. Las sociedades sin memoria no pueden construir ningún futuro porque se les niega el conocimiento del pasado. Las heridas están absolutamente abiertas, otra cosa es que se les niegue visibilidad. Es muy cómodo decir en nombre de las víctimas que no hay que reabrir heridas. La víctima sí tiene las heridas abiertas. En el caso de España la mayor parte de la gente fue condenada por auxilio a la rebelión: Los que se rebelaron a través de un golpe de Estado condenan a los otros por auxilio a la rebelión, es increíble.

Usted vivió cárcel y maltratos en Argentina …

Sí. Tuve suerte de que me arrestaran dos semanas antes del golpe de Estado, estuve en una cárcel legal, no en un centro clandestino de donde casi nadie salía, aquello sí que era terrible. En Argentina la gente sabía que iba a ser objeto de una represión feroz pero nunca nos imaginamos lo que iba a suceder con tanto horror, nunca imaginamos semejante magnitud….

El pasado año fue testigo en el juicio contra sus carceleros..

Sí. Fue una reparación, han sido juzgados. Nos golpeaban a menudo, recuerdo una vez que nos desnudaron, nos pusieron en fila india y nos golpearon, eso se repetía, nos enviaban al calabozo por nada, y a algunos les aplicaron la ley de fugas, los sacaban de la prisión y aparecían muertos. Pero nada comparable a las cárceles ilegales.

Su experiencia vital explica su dedicación profesional…

Bueno, a uno la vida le va marcando, si yo no hubiera tenido las experiencias vitales que tuve posiblemente no me habría dedicado a esto. También están las casualidades, participé en el proceso contra Pinochet porque estaba en España, si me hubiera exiliado a Francia, no habría podido. La vida de una persona, su memoria [sonríe haciendo hincapié en la palabra memoria], influye mucho para lo que hace.

Supongo que necesita una gran energía porque las frustraciones son muchas….

No siento que tenga una especial energía. Mi motivación es muy grande porque me ha quedado esa idea de que hay que combatir los crímenes masivos… Me siento muy identificado con la causa de los derechos humanos. Pero como todo el mundo, tengo muchos sinsabores en estas historias. Aún así, en la medida en que uno siente que aporta, no necesita una especial cuota de energía.

¿Cómo valora que Videla muriera en la cárcel?

Su muerte me es absolutamente indiferente, pero que haya muerto preso me parece un símbolo muy importante. No hay precedentes de un dictador de este tipo que haya muerto en la cárcel.  La verdad es que Argentina es un ejemplo para este tipo de asuntos, lo cual no significa que las leyes allá sean maravillosas. Hay 376 condenados y más de mil procesados. Si se compara con el número de responsables, siguen siendo muy pocos, pero comparado con otros países es un enorme logro, un ejemplo.

OLGA RODRÍGUEZ/ Publicado el 21 de mayo en eldiario.es

-La Corte Constitucional guatemalteca deja sin efecto lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril

-El exdictador había sido condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad

-Los abogados defensores alegan que Ríos Montt se había quedado sin defensa porque el 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la sala

-La campaña contra los impulsores del juicio y contra la sentencia ha sido intensa

Ríos Montt esquiva la cárcel, al menos de momento. Como muchas víctimas supervivientes de la dictadura temían, las presiones por la anulación de su condena han funcionado. Tres de los cinco magistrados de la Corte Constitucional han votado a favor de la anulación tras analizar una recusación planteada por los abogados defensores, que alegan que el exdictador se quedó sin defensa porque el día 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte después de haber acusado al tribunal de parcialidad.

Con este pronunciamiento queda por tanto sin efecto la sentencia que condenaba a 80 años de prisión al exdictador por genocidio y crímenes contra la humanidad, por la muerte de casi 2.000 indígenas ixil entre 1982 y 1983. Durante la dictadura murieron o desaparecieron 250.000 personas, la mayoría indígenas y civiles, y miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Según estableció la propia ONU, el 93% de aquellos crímenes fueron perpetrados por militares y paramilitares.

Ríos Montt ha recibido la noticia de la anulación de su condena desde el hospital militar en el que le ingresaron hace días, tras su primera noche en prisión, por problemas de hipertensión.En breve regresará a su arresto domiciliario.

“Golpe devastador”

La ONG Amnistía Internacional ha calificado la anulación de “golpe devastador” para las víctimas.

‘Las bases legales de este fallo no están claras y tampoco se sabe cómo el tribunal pueda darle al botón de reinicio para volver a la situación en la que nos encontrábamos a mediados de abril’, ha manifestado Sebastián Elgueta, de Amnistía, quien ha añadido que el Constitucional “ha puesto en peligro el derecho a la verdad, a la justicia y a las reparaciones en Guatemala”.

La patronal empresarial había demandado la anulación

La campaña contra el juicio a Ríos Montt ha sido intensa. Durante el proceso hubo presiones que intentaron entorpecer su avance, tal y como han denunciado víctimas y diversos defensores de los derechos humanos. Tras la sentencia, la patronal empresarial criticó con dureza el juicio contra el exdictador y demandó la anulación de su condena.

Sectores conservadores difamaron e intentaron deslegitimar a impulsores del juicio, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, llamándoles “traidores de la paz” y “oenegeros mercenarios” en un documento titulado “Rostros de la infamia”.

El propio presidente del país, Otto Pérez Molina, que ha negado que hubiera genocidio en Guatemala y que se ha visto salpicado por el proceso judicial ya que fue jefe de inteligencia militar en la dictadura, quiso subrayar la semana pasada que la condena contra el exdictador no era definitiva.

Según lo decidido ahora por la Corte Constitucional, deberán repetirse todas las diligencias realizadas dentro del juicio a partir del 19 de abril. En esa fecha ya se había tomado declaración a alrededor de 100 indígenas ixil testigos de las masacres. No tendrán que declarar de nuevo. Sí se repetirán los testimonios tomados a partir de ese momento así como las declaraciones finales de ambas partes.

Con la anulación de la condena a Ríos Montt también se anula la absolución del exdirector de inteligencia durante la dictadura, José Mauricio Rodríguez Sánchez, y otras medidas establecidas por la jueza Yasmín Barrios, como la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas de las masacres.

Contra la impunidad

El genocidio en Guatemala era, hasta el inicio del juicio, una desgarradora injusticia olvidada que sigue marcando el día a día del país, con una mayoría de la población discriminada, sin acceso a cargos públicos, sin igualdad de oportunidades. En una nación caracterizada por la impunidad, lo que parecía imposible ocurrió, pero por poco tiempo. Cuando la jueza Yasmín Barrios dictó sentencia contra Ríos Montt hace poco más de una semana, las víctimas presentes en la sala entonaron este célebre cántico:

“ Aquí solo queremos ser humanos, comer, reir, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla”. Y corearon: “Sí hubo genocidio”.

Esa condena ahora anulada fue un primer paso contra la impunidad y hacia la justicia. “Si no se resuelve la impunidad del pasado, se instala la impunidad en el presente”, señalaba hace unos días en eldiario.es Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el mundo acogieron con optimismo el proceso contra el exdictador y siguen de cerca los acontecimientos judiciales. Las víctimas insisten en que la presión social y mediática es clave para el avance de la justicia y de los derechos humanos, en un momento en el que el juicio contra el genocidio ha acaparado la atención internacional.

“No apartéis la vista de Guatemala, por favor”, escribía anoche, tras la anulación de la condena, un joven guatemalteco en las redes sociales. “El dictador se ríe de nuevo de sus víctimas”, lamentaba otro.